Jóvenes promoviendo uina reforma integral a las leyes de inmigración durante una celebración anual en homenaje al líder de los trabajadores agrícolas César Chávez el 6 de abril del 2013 en el Parque Municipal de San Juan, California. (AP Photo/The Monitor, Delcia López )
PHOENIX, Arizona, EE.UU. (AP) — Karina Galicia cambiaba de tema cuando sus amigos hablaban de los inmigrantes sin papeles. Vivía asustada, pensando que sería arrestada si alguien se enteraba de que estaba en el país ilegalmente.
Luego de años viviendo escondida, no obstante, decidió que contar su historia era importante. Comenzó a asistir a actos sobre una reforma a las leyes de inmigración, a usar camisetas con consignas pidiendo más derechos para los inmigrantes sin papeles y superó el temor de ser deportada.
“Llega un momento en que dices ‘ya basta’. Si no te expones, nada va a cambiar”, comentó Galicia, quien tiene 23 años y fue traída a Phoenix desde México a los siete años.
En todo el país, estudiantes, padres y trabajadores que alguna vez temieron revelar su condición de inmigrantes sin papeles están contando sus historias, asistiendo a actos, realizando manifestaciones pacíficas y presionando a legisladores estatales y nacionales para que les den más derechos.
Dicen que están dispuestos a ser arrestados e incluso deportados con tal de sacar a esa comunidad de las sombras.
Desde hace décadas que activistas aislados vienen reclamando un reconocimiento político de los derechos de los inmigrantes sin papeles, pero el movimiento ha crecido en los últimos años, se ha hecho más diverso y más organizado, en parte por la frustración derivada del hecho de que el Congreso no termina de aprobar una reforma a las leyes de inmigración que resuelva la situación de unos 11 millones de extranjeros que viven en el país sin permisos de estadía.
La creciente influencia política de los hispanos, evidenciada en las elecciones presidenciales del año pasado, le ha dado ímpetu al movimiento.
“Son gente que se formó en el sistema educativo de Estados Unidos y que está haciendo lo que les enseñaron en la escuela: reclamar sus derechos”, comentó Kevin Johnson, profesor de derechos civiles de la Universidad de California, con sede en Davis.
No está claro si el movimiento logrará la reforma que busca en el Congreso.
Sus actos y manifestaciones contrastan con la forma de operar del movimiento que propone mano dura hacia los inmigrantes sin papeles, el cual apela mayormente a llamadas telefónicas y cartas para promocionar su mensaje.
Los sectores que se oponen a la reforma dicen que si se le concede derechos a los inmigrantes que viven en el país ilegalmente se alentarán nuevas olas de inmigración ilegal y se agravarán los problemas de gobiernos y municipios que deben ofrecer beneficios sociales a personas de bajos recursos y escasa educación, aumentando al mismo tiempo la competencia por empleos en una economía todavía en plan de recuperación.
“La reforma a las leyes de inmigración depende del ojo con que la miren. Lo que están proponiendo es alguna forma de amnistía”, afirmó Ira Mehlman, portavoz de la Federación para una Reforma a las Leyes de Inmigración (Federation for American Immigration Reform), organización conservadora con sede en Washington. “Al margen de lo que digan sus promotores, no creo que eso vaya a influir necesariamente en la gente o los miembros del Congreso que se oponen o que no están decididos”.
El movimiento a favor de los derechos de los inmigrantes sin papeles mostrará su fuerza el miércoles en marchas en todo el país, incluida una en Washington.
Los promotores de la reforma ya se han apuntado varias victorias, incluida una en Carolina del Norte, donde frenaron un plan por el cual se hubieran entregado a los inmigrantes sin papeles licencias de conducir con el cartel “no tiene un status legal”.
También se asesoraron con abogados y demandaron a los estados de Michigan y Arizona por su negativa a concederles licencias de conducir a jóvenes que se acogieron al programa del gobierno de Barack Obama que deja en suspenso las deportaciones de personas que fueron traídas ilegalmente cuando eran menores, llevan viviendo al menos cinco años en el país y estudian o sirven en las fuerzas armada.
El movimiento a favor de los derechos de los inmigrantes sin papeles cobró prominencia en el 2007, cuando el presidente George W. Bush y un grupo de legisladores de ambos partidos impulsaron infructuosamente una reforma integral a las leyes de inmigración. Algunos estudiantes secundarios y universitarios traídos al país de niños comenzaron a dar la cara y a realizar actos.
El movimiento ganó nuevos adeptos en el 2010, cuando el Congreso analizó, pero no pasó, el Dream Act, como se denominó a un proyecto de ley que hubiera regularizado la situación de esos jóvenes.
Otro momento clave fue cuando padres, estudiantes y trabajadores comenzaron a darse cuenta el año pasado de que sus movilizaciones estaban generando reacciones positivas de numerosos legisladores.
Obama anunció en junio del año pasado el programa que deja en suspenso las deportaciones de los jóvenes que satisfacen ciertos requisitos y les da permisos de estadía y de trabajo por dos años, renovables. La primera dama Michelle Obama y líderes demócratas invitaron en febrero a un puñado de jóvenes que viven en el país ilegalmente al informe anual del presidente sobre el estado de la nación. Durante su discurso, Obama exhortó al Congreso a aprobar a corto plazo una reforma.
Gaby Pacheco, inmigrante ecuatoriana de 28 años que fue traída al país de niña, dijo que el movimiento se ha hecho más estructurado a medida que los activistas comenzaron a coordinar sus acciones y recibir asesoramiento de veteranos de las luchas por los derechos civiles de la era de César Chávez y las movilizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas.
Pacheco dijo que ella y otras organizaciones han instado a los inmigrantes a expresar su lealtad hacia los Estados Unidos en lugar de enarbolar banderas de México y otras naciones en las marchas por sus derechos.
“Tuvimos que luchar para que nos bajasen de esas sillas altas para niñitos, en las que nos daban comida en la boca, y ahora les decimos que queremos sentarnos en la mesa con ellos”, dijo Pacheco, quien se ha reunido con los senadores Harry Reid, demócrata, y Marco Rubio, republicano, para impulsar una reforma.
En el 2010 se fundó la Alianza Nacional Juvenil de Inmigrantes, con miembros de ocho estados. Hoy tiene organizadores en casi todos los estados y sucursales en más de 20. Realizaron huelgas de hambre en Arizona, ceremonias de graduación para estudiantes que viven en el país ilegalmente en San Francisco y marchas desde Nueva York hasta Washington. El año pasado, siete jóvenes se hicieron arrestar en Miami para poder describir los procesos de deportación.
“Antes había poca gente dispuesta a dar la cara. Ahora ves gente en Twitter con el nombre de usurario ‘soy indocumentado”’, comentó Sonia Guinansaca, organizadora de la alianza que fue traída de Ecuador a Nueva York cuando tenía cinco años. “Es un espacio seguro, donde la gente puede involucrarse”.
En Arizona, donde la legislatura aprobó estrictas medidas contra la inmigración ilegal, los extranjeros que están en el país sin permiso han reclamado sus derechos a viva voz. Casi todas las semanas hay manifestaciones y protestas frente al complejo del Capitolio en Phoenix, la capital del estado.
El representante estatal demócrata de Arizona Rubén Gallego dijo que las movilizaciones obligaron a los legisladores republicanos a suavizar su retórica contra los inmigrantes sin papeles. Como consecuencia de ello, en la actual sesión legislativa no se han aprobado proyectos contra los hispanos sin papeles por primera vez en nueve años, indicó Gallego.
“Esas leyes fueron aprobadas para asustar a la gente de Arizona, para asustar a los latinos, no solo los indocumentados”, afirmó Gallego. “Quieren que te escondas. Que tengas miedo. No quieren que salgas de las sombras”.
Silvia García, una mujer de 50 años que ha pasado la mitad de su vida ilegalmente en Estados Unidos, se siente frustrada por la negativa del Congreso a ayudar a que ella y a sus hijas tengan un futuro más seguro. En sus días libres, defiende los derechos de los inmigrantes sin papeles y en los últimos meses se presentó en las oficinas de la gobernadora Jan Brewer para exigir un gobierno menos hostil hacia esa población.
“Si nos arrestan, que nos arresten”, dijo García, quien nació en México. “Pero tenemos que hacer algo por los chicos. Le digo a mis amigos y a mis vecinos que tienen que participar, no por nosotros, sino por los chicos, para que los dejen en paz”.
